También se escuchaba claramente la voz de Patricia Ledesma.
—Ya saben lo que ordenaron. La audiencia debe retrasarse.
Le pedí que entregara una copia íntegra a los investigadores y conservara el archivo original.
Esa misma tarde recibí la visita del presidente del tribunal, Octavio Robles.
—Elena, esto es lamentable —me dijo—. Pero conviene manejarlo con discreción. Podemos resolverlo internamente.
—Me privaron de la libertad y me agredieron, magistrado. Eso no se resuelve con una disculpa administrativa.
Su rostro se endureció.
—No confundas la dignidad con la necesidad de hacer un espectáculo. Apenas llevas ocho meses aquí.
Aquellas palabras me recordaron todas las ocasiones en que había intentado apartarme de los expedientes delicados, diciendo que necesitaba adquirir experiencia.
Cuando salió, Tomás cerró la puerta y colocó un sobre sobre mi escritorio.
—Lo trajo un policía retirado. Dice que conoce a Rojas desde hace años.
Dentro había fotografías, copias de quejas y una lista de veintitrés incidentes violentos relacionados con los mismos agentes.
Muchas denuncias habían desaparecido de los registros oficiales.
Otras se habían cerrado sin entrevistar a las víctimas.
Entre los nombres encontré a un muchacho de diecisiete años que había terminado hospitalizado después de una detención.
Al pie de varias hojas aparecía la autorización de Patricia Ledesma.
Pero había otro detalle.
Los expedientes más graves habían sido trasladados a distintas oficinas siguiendo instrucciones de una misma persona.
Tomás me mostró una última hoja.
—El hombre que trajo esto dice que los policías no improvisaron lo de esta mañana. Alguien quería impedir que usted examinara la documentación original.
Entonces vi una fotografía tomada durante una reunión privada.
Reconocí a Patricia, a Iván y a Óscar.
Junto a ellos había un hombre que conocía demasiado bien.
Y cuando Tomás me mostró el nombre de quien había autorizado aquella reunión, comprendí por qué Octavio Robles había insistido tanto en que guardara silencio.
PARTE 3
El hombre de la fotografía era Octavio Robles, presidente del tribunal y la misma persona que había firmado mi nombramiento ocho meses atrás.
Durante todo ese tiempo me había tratado como una protegida. Me felicitaba públicamente por mis resoluciones, me preguntaba por mi familia y repetía que el Poder Judicial necesitaba mujeres preparadas como yo.
Sin embargo, en privado había intentado mantenerme lejos de los asuntos que involucraban a determinados policías.
Ahora comenzaba a entender por qué.
—¿Quién tomó esta fotografía? —pregunté.
—Martín Estrada —respondió Tomás—. Trabajó seis años con Rojas. Lo obligaron a cambiar de área después de denunciar irregularidades.
Observé nuevamente la imagen.
Junto a Octavio aparecía un hombre joven, vestido con un traje azul marino. Lo reconocí de inmediato.
Era Daniel Robles, su hijo.
Daniel dirigía una empresa contratada para administrar sistemas de almacenamiento y respaldo de grabaciones judiciales. Su nombre había aparecido en varios expedientes, pero siempre como proveedor tecnológico, nunca como parte de las investigaciones.
Hasta entonces no había tenido razones suficientes para sospechar de él.
Tomás abrió otra carpeta.
—La audiencia de hoy iba a revisar la autenticidad de ciertas grabaciones utilizadas para justificar detenciones. La empresa de Daniel participó en el manejo de esos archivos.
Sentí que se me helaban las manos.
Los policías no me habían atacado únicamente por mis rasgos, mi cabello o el desprecio que sentían hacia las personas como yo.
Aquella crueldad había servido también a un propósito mucho más calculado.
Querían apartarme de un expediente que podía revelar una red de corrupción.
Y habían logrado que me excusara.
Pero no habían conseguido destruir las pruebas.
Martín Estrada llegó a mi despacho aquella tarde acompañado de una abogada.
Era un hombre de cincuenta años, con el cabello canoso y una expresión agotada. Se sentó frente a mí y permaneció unos segundos mirando sus manos.
—Doctora, tengo una hija de veinte años —comenzó—. Durante mucho tiempo me convencí de que debía callarme para protegerla.
Abrió una libreta.
—Empecé a registrar lo que ocurría cuando entendí que las denuncias desaparecían. Guardé fechas, nombres, números de patrulla y copias de reportes.
Había veintitrés casos.
En varios, Rojas y Mendoza habían detenido a personas sin fundamento. Después aparecían objetos o declaraciones que justificaban las detenciones.
Quienes protestaban sufrían amenazas. Algunos terminaban golpeados.
Una mujer había denunciado que los agentes le exigieron cuarenta mil pesos para liberar a su hermano.
Otro hombre perdió su empleo después de permanecer días detenido por un delito que finalmente no pudo acreditarse.
El caso que más me estremeció fue el de Mateo, un adolescente de diecisiete años.
Lo habían detenido cuando regresaba de la escuela. Según el reporte policial, había atacado a dos agentes.
Pero Martín conservaba una fotografía tomada minutos antes de que se lo llevaran.
Mateo estaba esposado, sin lesiones visibles.
Horas después llegó al hospital con la mandíbula fracturada.
—Intenté denunciarlo —confesó Martín—. Patricia Ledesma cerró la investigación. Después me advirtieron que, si seguía haciendo preguntas, podían inventarle un problema a mi hija.
Lo miré en silencio.
—¿Por qué ha decidido hablar ahora?
Sus ojos se llenaron de lágrimas.
—Porque vi lo que le hicieron a usted. Y pensé en cuántas personas no han tenido una credencial de jueza para demostrar que merecían respeto.
Aquella frase me dolió más que cualquier insulto de Iván.
Porque era verdad.
A mí me habían agredido siendo jueza.
Pero aquellas personas habían sufrido lo mismo sin cargos importantes, sin oficinas y sin nadie esperando que regresaran para dirigir una audiencia.
No podía permitir que mi profesión se convirtiera en la única razón por la que se investigara aquella violencia.





